por Salvador D’Aquila – 06 may 2020
Las cosas de la vida son simples o no, dependiendo de nuestra mirada. Y en general, la verdad de los hechos se distorsiona cuando se enmarañan los caminos para intentar llegar a ella.
Algunas consideraciones
Quienes viven en una pobreza material no por eso se convierten en delincuentes para superar su situación.
Más allá de una injusticia posible, los presos cometieron algún delito para llegar a esa condición. Con distintos grados, son delincuentes. Y buscan salir de las cárceles casi a cualquier precio, por el ansia de libertad intrínseca de todo hombre.
La acción de los delincuentes provoca víctimas directas. También la comunidad toda sufre la herida en cada acto de inseguridad.
La sociedad está organizada para salvaguardarse haciendo que se detenga y juzgue a los delincuentes y cumplan con sus penas.
Los abogados no imparten justicia, sino que defienden a sus clientes. La apelación a las leyes en favor de sus defendidos es el modo aceptado y permitido para que cumplan con su trabajo. Mientras, claro está, no traspasen los límites que los conviertan a ellos mismos en delincuentes.
Los jueces sí deben impartir justicia y ser justos en sus fallos, siempre en el contexto de las leyes que rigen para cada caso. Aunque las penas no sean o no nos parezcan acordes con los delitos cometidos.
Como señala nuestra Constitución, las cárceles no son para castigo sino para seguridad de los allí detenidos y de la sociedad en su conjunto. Son las instituciones respectivas las que deben hacer que esto se cumpla.
¿Y entonces?
Como dijimos al comienzo, la realidad nos permite distintos acercamientos, que dependen de nuestros valores y convicciones. Una perspectiva desde la simpleza no nos hace caer necesariamente en la superficialidad. Cuando se está desprovisto de intereses espurios en una cuestión, los análisis se hacen más fáciles.
En esta pandemia, se nos pide que nos mantengamos encerrados en nuestras casas para evitar el contagio provocado por el coronavirus. Para que ese contagio no se produzca entre los encarcelados, algunos funcionarios (abogados, jueces, políticos, “operadores”) promueven y concretan su liberación, disimulada en un arresto domiciliario las más de las veces incontrolable. En muchos casos, poniendo nuevamente en peligro a quienes son (en presente) sus víctimas. Y por extensión, a todos nosotros.
¿Las razones para liberar a culpables de delitos gravísimos y revictimizar a quienes los sufrieron? Gran parte de la sociedad está convencida de que es por beneficios personales de esos funcionarios; y hasta por perversión, alejada de toda ética y moral. Así parecen haberlo ratificado los cacerolazos antiliberación que días atrás se manifestaron a nivel nacional.
Una mirada simple, pero no superficial de los hechos, permite conclusiones casi siempre acertadas.