por Juan Carlos Latrichano – 08 sep 2019

Todo parece indicar que en la primera semana de aplicación los riesgos principales se acotaron.  Más allá de sostener que las mismas se adoptaron en forma muy tardía, ciertamente existen problemas residuales que estarían aconsejando ajustar las marcas, debido a que la hemorragia, si bien disminuyó, no se está produciendo su eliminación total.  En tal sentido, la pauta de 10.000 dólares mensuales por persona humana luce muy elevada.  Además no se conoce el grado de control que se ejerce para que no se vulnere este tope y debería rodeárselo de controles impositivos.  Me refiero a que la posibilidad de compra tenga una autorización de la AFIP, relativa a que la misma guarde proporción con la situación impositiva del comprador.

En cuanto al ingreso de divisas provenientes de exportaciones, correspondería fijarse controles específicos por parte de los bancos, quienes deberían estar obligados a denunciar la falta de cumplimiento de ingreso de divisas conforme a los plazos estipulados.  Se estima que hay ingresos pendientes por 15.000 millones de dólares.  Además, para aquellas personas que incumplan con los ingresos cabrían establecerse  penalidades efectivas; como por ejemplo: intereses, multas, restricciones crediticias, pérdida de autorización para hacer nuevas exportaciones, aplicación de la ley penal cambiaria, etc.

En otro orden de cosas, sería necesario revisar la reprogramación de los pagos de letras, debido a que su aplicación está resintiendo la cadena de pagos.  Quizás este momento sea el más indicado.

Tal vez los ajustes faltantes eliminarían los riesgos residuales.  Las propuestas van en esa dirección.